Es evidente la importancia que tienen las políticas sobre la docencia, en el camino de la búsqueda de la Calidad Educativa. Las siguientes son reflexiones sobre los programas de formación docentes, llevadas a cabo por el organismo regional para América Latina, de la Unesco.
Sin una adecuada regulación de la formación inicial, no es
posible garantizar que el sistema educativo y todas sus escuelas cuenten con
profesores debidamente preparados. Las orientaciones siguientes pueden
contribuir a fortalecer el rol del Estado para enfrentar este desafío:
a) Establecer un sistema de acreditación de instituciones
formadoras, públicas y privadas, capaz de evaluar a las instituciones y sus
programas en relación a estándares concordados y públicos que den cuenta de: la
calidad del currículum que se ofrece y su alineamiento con las necesidades
curriculares de las escuelas; el nivel académico y fortalezas del cuerpo
docente; la implementación de prácticas y su integración con el conjunto del
proceso formativo; la rigurosidad de los mecanismos de evaluación de los
estudiantes al inicio, durante y al egreso del proceso formativo; los
resultados obtenidos por los alumnos al egresar; la capacidad investigativa de
las instituciones formadoras en el área de la enseñanza y aprendizaje; y la
calidad de la infraestructura, biblioteca, recursos de tecnología de la
información y comunicación, entre otros factores.
b) Propiciar que cada institución de formación inicial,
privada o pública, sea evaluada periódicamente a través de un sistema de
acreditación que funcione en forma transparente. Las instituciones deberán
asumir ciertos compromisos para superar, dentro de un plazo determinado las
debilidades detectadas.
c) Apoyar a las instituciones que no cumplan con los
estándares mínimos requeridos para obtener su acreditación. Si producto de ese
apoyo no mejoran, estas deberán cerrarse o fusionarse con otras instituciones
que estén acreditadas. De otro modo, se atenta contra la fe pública depositada
en la institución y su función formadora de profesionales sobre los que
descansa, a su vez, la formación de muchas generaciones de escolares.
d) Disponer de mecanismos de regulación respecto de la
apertura de nuevas carreras de pedagogía en atención a la calidad académica de
la oferta, como a las necesidades del sistema escolar (cantidad de maestros
requeridos por nivel escolar, especialidades, etc.).
e) Establecer sistemas comprensivos de evaluación de los
futuros docentes, tanto a lo largo de sus procesos de formación como al
concluir los mismos, utilizando procedimientos que produzcan evidencia de
conocimientos y prácticas como, por ejemplo, portafolios. Los países debieran
analizar la conveniencia de establecer exámenes de egreso centrados en los
conocimientos y habilidades definidos en los estándares acordados, siendo de
carácter nacional o regional (estadual, provincial etc.), según corresponda.
Estas evaluaciones pueden constituir, además, un importante aporte para que las
instituciones formadoras puedan revisar sus currículos y sus prácticas en
relación con los resultados obtenidos por sus propios egresados, así como
asumir su responsabilidad por los estudiantes que no hayan logrado los
aprendizajes necesarios.
f) Ofrecer a las instituciones y a su personal condiciones
que les permitan adquirir las capacidades necesarias para el diseño e
implementación de oportunidades de formación de docentes del nuevo nivel
exigido. Es de crucial importancia lograr un equilibrio entre, por una parte,
la presión de la “rendición de cuentas” definida por exámenes, esquemas de
acreditación y los nuevos estándares del caso, y, por otra parte, los apoyos
representados por políticas de fortalecimiento institucional, creación y desarrollo
de capacidades, inversiones para creación de condiciones institucionales coadyuvantes
del cambio y tiempos adecuados para las transiciones necesarias. Asimismo, es
importante apoyar el rol que les cabe a las instituciones formadoras en el
contexto de cada zona o región.
g) En los países en que existe escasez de profesores
titulados en ciertas áreas geográficas y/o especialidades (científicas, artísticas,
técnico-profesional, idiomas extranjeros etc.) autorizándose, por lo tanto, el
ejercicio docente a personas carentes de la debida formación pedagógica, se
hace necesario una regulación de los programas de calificación de dichas
personas que asegure la certificación de sus capacidades para brindar una
enseñanza de calidad. Dicha formación pedagógica debe estar a cargo de
instituciones acreditadas, requiere considerar las trayectorias de escolaridad
previa de estas personas, así como su experiencia docente, y garantizar que los
maestros y profesores que se formen alcancen un dominio suficiente de las
competencias establecidas en estándares de formación inicial.
México cuenta con exámenes al inicio y al final de la
formación inicial, diseñados y aplicados a nivel nacional por una entidad
externa especializada (CENEVAL). La autorización o acreditación previa para el
funcionamiento de programas de formación docente opera en Colombia. La
existencia de lineamientos o marcos curriculares para toda la formación de
profesores de primaria, y en algunos casos la secundaria, es realidad en
Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú.
Respecto a la regulación referida a la titulación o
certificación de futuros profesores egresados de las instituciones de formación
docente, varios países tienen esta potestad y están, además, en proceso de determinar
condiciones para el ingreso a la carrera docente que comprenden diversas formas
de acreditación del nivel de conocimientos y habilidades para la enseñanza que
poseen los postulantes. En Colombia, se ha regulado el ingreso a la carrera
docente mediante una evaluación de aptitudes, competencias, experiencia e
idoneidad docente, y un año de probación en el sistema educativo. México tiene
un examen de ingreso al servicio docente. En Chile, se está aplicando un examen
de conocimientos disciplinarios y pedagógicos (Prueba Inicia) al que las
instituciones formadoras adhieren voluntariamente. En América Central, puede
mencionarse el caso de El Salvador, donde se exige la aprobación de una prueba
de Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP).
Extraído de:
Estrategia Regional sobre Docentes
OREALC / UNESCO Santiago
Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas
Docentes en América Latina y el Caribe