La ciudadanía no
puede existir sin una real participación ¿Cómo construirla en los actuales
contextos? ¿Qué significados puede asumir? ¿A qué se llama “Autonomía
ciudadana”?
Reflexionar en torno a la participación y la construcción de
ciudadanía en Latinoamérica obliga a plantear una serie de interrogantes, que
visibilizan las limitaciones de las perspectivas de ciudadanía anteriormente
analizadas.
El enorme reto que nos interpela es cómo elaborar una
propuesta en la que la ciudadanía no resulte, como en los casos anteriores, un
proyecto para pocos; cómo pensar en la ciudadanía de los sectores mayoritarios
de la población, que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, de
exclusión social y de asistencia pública; cómo generar participación en
contextos de fuerte desvinculación, agudización de las formas de individuación
negativas, profundo deterioro de la calidad de vida. En tal escenario, ¿cómo se
construyen y se articulan la participación y la ciudadanía?, ¿cómo puede
resolverse un proceso que parece ser circular?, ¿la participación viene con una
ciudadanía madura o es esta un requisito para que la ciudadanía madure?
En el marco de estas reflexiones se asume que la ciudadanía
se verifica no en su carácter adscriptivo, ni tampoco solo en su carácter
sustantivo, sino en su carácter activo, es decir, en la participación real y
efectiva y, en consecuencia, en la acción política. De tal manera, se considera
que la exclusión política es la más injusta y la forma originaria de todas los
tipos de exclusión, ya que es la que permite consolidar y reafirmar el statu
quo, arrebatando toda posibilidad de influir para transformar la realidad que
oprime y somete.
Por ello, reconocemos la relevancia y significatividad de la
propuesta de Paulo Freire. Su concepción de la ciudadanía está dirigida a las
masas, a aquel pueblo “sin conciencia” o bien a aquella sociedad sin pueblo,
que permanece bajo de un estado de anestesia histórica, alienada, manipulada,
dirigida externamente por otros actores, llámense élites gobernantes, Estado
benefactor o mercado. Para este autor, ser ciudadano es ser sujeto de la
historia, de la propia historia que se construye en primera instancia en la
comprensión de la realidad de sometimiento, de deshumanización y negación de la ciudadanía. Y que
requiere, en segunda instancia, del compromiso existencial y la responsabilidad
para transformar la realidad opresora.
Para Freire, pues, construcción de ciudadanía y humanización
son partes de un mismo proceso, por lo que no es posible subordinar aquella
condición a cuestiones como el trabajo, la pertenencia a un pueblo, la posesión
de un derecho o la afiliación política. La ciudadanía las supone y las
trasciende, en tanto se trata una búsqueda permanente e inacabable de la
completitud humana, de una acción emancipadora y transformadora del propio
sujeto y de la realidad que lo constituye.
De este modo, la participación política habilita las
posibilidades de una auténtica ciudadanía, la que se comprueba en la autonomía
política. Este concepto, acuñado por Rousseau, introduce una definición de la
libertad que va más allá del principio liberal y que permite dar cuenta del
sentido de la ciudadanía en una democracia: lo que no consiste en poder hacer
todo lo que no dañe a otro, ni en estarle permitido a uno todo aquello que las
leyes del soberano no prohíben, sino en encontrar una forma de asociación que
defienda con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y
por la que cada cual, uniéndose a todos, no se obedezca, sin embargo, sino a sí
mismo.
La expresión de la voluntad general se verifica en el
contrato social, que provee un procedimiento para la expresión de la voluntad a
partir del presupuesto irrenunciable del consenso de los ciudadanos como
criterio básico de legitimación del Estado democrático.
En este contexto el ciudadano se ubica en un rol protagónico
en tanto interlocutor válido, del cual es imposible prescindir para la
deliberación y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, esto es, como
agente formador de opinión y de acuerdos sobre los aspectos a considerar por
las políticas y los organismos técnicos del poder administrativo.
Habermas considera que el proceso democrático debe asegurar
al mismo tiempo la autonomía privada y la pública, en tanto los derechos
subjetivos que garantizan la posibilidad de una vida autónoma no pueden ser
formulados adecuadamente, si antes los afectados no participan por sí mismos en
discusiones públicas sobre los fundamentos de los aspectos más relevantes para
el tratamiento igual y desigual de los casos típicos.
La autonomía privada
de los ciudadanos iguales en derecho solo puede ser asegurada activando al
mismo tiempo su autonomía ciudadana.
De este modo, se percibe que el ejercicio de la autonomía
política es la única herramienta para modificar situaciones en términos
estructurales, poniendo en cuestión el diseño de programas políticos
tendenciosos, visibilizando las injusticias e inequidades históricas que
plantean negaciones a la ciudadanía.
El concepto de autonomía política entrelaza, así, las
posibilidades de participación genuina con la construcción de una ciudadanía
emancipada, procesos que dependen, a su vez, de procedimientos y mecanismos que
permitan su institucionalización. Para Habermas el estatus de ciudadano
democrático dotado de competencias para elaborar leyes solo se puede fundar con
la ayuda del derecho coercitivo:
No hay ningún derecho
sin libertades subjetivas de acción reclamables jurídicamente que garanticen la
autonomía privada de las personas jurídicas individuales; y no hay ningún
derecho legítimo sin la legislación democrática común de ciudadanos legitimados
para participar como libres e iguales en dicho proceso.
Extraído de:
Individuación y participación: tensiones en la construcción
de ciudadanía.
Autora: Mercedes Oraisón
EDUCACIÓN, VALORES Y CIUDADANÍA
Bernardo Toro y Alicia Tallone, Coordinadores
Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la
generación de los Bicentenarios
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