La libertad de enseñanza, un derecho complejo
La libertad de elección de centro forma parte del complejo haz de derechos
y libertades que conforman la libertad de enseñanza, libertad que ha sido siempre
muy polémica en el mundo occidental, en parte por la tendencia del conservadurismo
a darle un tratamiento unilateral y excluyente. La libertad de enseñanza comprende
la libertad de creación y dirección de centros, pero también la libertad de cátedra
del profesor; incluye la libertad de escoger “escuelas distintas de las creadas
por las autoridades públicas”, pero también la libertad de conciencia de alumnos
y profesores, así como el derecho a la no discriminación del alumnado por “razones
ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o de nacimiento”. Sin embargo,
la libertad de elección de centro se ha convertido en el foco central de un nuevo
discurso ideológico que surge en los años ochenta del pasado siglo y que tiende
a hacer de esta libertad un derecho unilateral, exorbitante y excluyente, en perjuicio
de otros derechos y libertades que se derivan del principio de igualdad -todos tenemos
derecho a la educación y del de libertad -todos tenemos derecho a aprender y a enseñar.
Este nuevo discurso ideológico es el neoliberalismo que, impulsado por los países
anglosajones, se ha extendido al continente europeo.
El neoliberalismo y su desleal hacia lo público
Lo primero que hay que señalar es que la libertad de elección de centro ha
cobrado nuevo auge como consecuencia de la aparición del discurso neoliberal sobre
educación. Dentro de la aspiración a reestructurar el mundo en todas sus facetas
-económicas, sociales, políticas y, sobre todo, culturales-, la educación ha ocupado
en el neoliberalismo un lugar importante. También aquí se ha aplicado ese maniqueísmo
que tiende a minusvalorar lo público y a exaltar las bondades de lo privado. Se
da la paradoja de que fuerzas públicas que pretenden llegar al Gobierno, que por
definición es público, desacreditan lo público y fomentan al máximo lo privado.
En aquellos países en que, este discurso ha sido adoptado por fuerzas inequívocamente
conservadoras, la crítica a la escuela pública ha sido incesante, tanto si el neoliberalismo
se encontraba en la oposición como en el gobierno. Se ha partido para ello de una
presunción no probada, llevada hasta sus últimas consecuencias: la escuela pública
no es eficaz, no es eficiente; la escuela privada, sin embargo, representa la calidad. Ahora bien, la
cuestión que el neoliberalismo no quiere plantearse sigue presente: ¿todas las escuela
privadas son eficaces por definición, por el hecho de ser privadas?, ¿todos los
sistemas públicos de educación son ineficaces e ineficientes?, ¿todas las escuelas
públicas lo son? (por ejemplo, ¿es ineficiente el sistema educativo finlandés, casi
totalmente público, que ocupa el primer lugar en los informes Pisa sobre el aprendizaje
escolar y uno de los primeros puestos en equidad social?).
En realidad, la crítica de la escuela pública porta en sí misma una profecía
que se cumple de antemano: no hay salvación fuera de la escuela privada, lo que
equivale a proclamar el dogma de la privatización de la educación. Lo grave ahora
es que se quiere transformar la educación en un bien de mercado, sujeto a las leyes
de la oferta y la demanda.
Con ello se desintegra la laboriosa construcción de la educación
como un derecho social, lograda a lo largo de dos siglos. La llegada a puerto sería
la sustitución de una sociedad de ciudadanos por una sociedad de consumidores. Como
ha señalado Zygmunt Bauman, “el ascenso del
consumidor es la caída del ciudadano”.
El neoliberalismo y la elección de centro docente
El discurso neoliberal, fuertemente ideológico, presenta el “movimiento de
la libre elección de centro” como un nuevo paradigma que aspira a ser fatalmente
inexorable. Se trata en realidad de un elemento más del “pensamiento único”, hasta
el punto de que toda crítica al planteamiento extensivo de la libertad de elección
de centro es presentada como algo anacrónico, desfasado, arcaico.
La libertad de elección de centro, forma parte del complejo haz de derechos
que integran la libertad de enseñanza. Lo peculiar ahora es que el pensamiento neoliberal
se centra en algo comúnmente aceptado, como es el derecho de los padres a elegir
libremente la educación de sus hijos, sólo que su efectividad se busca en la diversificación
de la “oferta”, que en el lenguaje neoliberal quiere decir libre competencia entre
los centros docentes. De la misma manera que la famosa “mano invisible” del mercado,
a pesar de los intereses egoístas que compiten entre sí, produce a la larga el interés
público, aquí la libertad de elección de centro produce per se la mejora de la calidad
de la enseñanza: los centros compiten entre sí con su oferta de enseñanza, los mejores
son lógicamente escogidos por padres y madres, y, finalmente, la calidad sale favorecida
sin que tenga que intervenir el poder público.
Como puede observarse, el acento recae en la vinculación de la eficacia con
la educación, vinculación muy propia del lenguaje economicista del neoliberalismo
aplicado a la educación, que poco tiene que ver con los planteamientos de justicia
y de equidad (¿quién se ocupa de los centros perdedores y de las alumnas y alumnos
que allí estaban?, ¿quién se ocupa de los que, por múltiples razones, no pueden
en realidad elegir el centro que desean?, más aún, ¿quién se ocupa de aquellos que,
de forma directa o indirecta, por unas razones o por otras, son “expulsados de determinados
centros?). La educación, bien cultural público por excelencia, no puede configurarse
como un mercado más, en el que compiten distintas empresas educativas y en el que
los padres y las madres son los árbitros de la pugna del mercado (en realidad, los
clientes).
Toda ideología que se reviste de un carácter monista despierta siempre notables
reservas. Los derechos no pueden tener un contenido absoluto, tienen limitaciones
que se derivan de su propia naturaleza o de su convivencia con otros derechos, lo
que significa que la libertad de elección de centro tiene que convivir con otros
derechos, derivados no solo del principio de libertad de enseñanza, sino también
de otros que tienen su raíz en el principio de igualdad, considerado desde la perspectiva
de la equidad social. Es la equidad social la que reclama justamente que todos puedan
elegir centro en condiciones de igualdad. El único garante para ello es el poder
público. La libertad de elección de centro tiene que ser regulada de manera que
se concilien los principios de libertad e igualdad, la elección y la no discriminación:
de ahí la necesidad de los criterios de admisión del alumnado en los centros sostenidos
con fondos públicos, de manera que, al menos, no aumente la desigualdad social ni
la segregación por razones académicas, de clase social o de etnia (los inmigrantes
terminan siempre en los centros públicos).
La libertad de elección
de centro tiene que ser regulada de manera que se concilien los principios de libertad
e igualdad, la elección y la
no discriminación.
Autor
Manuel de Puelles BenítezCatedrático de Política de la Educación de la UNED
En Padres y madres de alumnos y alumnas ene/feb/mar 2008
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