Justicia, igualdad y equidad, a menudo empleados indistintamente,
conceptualmente se enmarcan en la actualidad de paradigmas diferenciados. Si
desde el paradigma de la igualdad todos los individuos deben siempre recibir el
mismo tratamiento; desde el marco de la equidad los individuos son diferentes
entre sí y merecen, por lo tanto, un tratamiento diferenciado que elimine o
reduzca la desigualdad de partida. La contraposición es manifiesta cuando,
desde el marco de la equidad, el tratamiento desigual es justo siempre que
pueda beneficiar a los individuos más desfavorecidos. La universalización está
vinculada al paradigma de la igualdad: todas las personas son iguales ante la
ley, mereciendo los mismos derechos y recursos. Sin embargo, como destacan
Medeiros y Diniz, actuar con equidad, de modo simplificado, supone revertir
desigualdades injustas de modo focalizado y diferenciado en los casos que se
presentan y tratar igualmente a todos cuando no hubiera desigualdades.
Muchas teorías de justicia distributiva adoptan elementos
del paradigma de la equidad en su formulación. Así, la conocida regla de Marx “de cada uno según su capacidad, a cada uno
según sus necesidades”; o, como vamos a ver posteriormente, el “principio
de la diferencia” de Rawls se basan en la idea de que individuos desiguales
deben ser tratados de modo desigual para que dicha desigualdad sea reducida. En
el ámbito educativo, como se comentará, la igualdad de oportunidades es
expresión del primero, determinadas propuestas compensatorias lo son de la equidad. Sin embargo,
en la práctica y desde las teorías de la justicia, como se verá, el asunto no
es simple, como si se pudiera contraponer de modo general uno a otro. Se puede
defender, como hace Rawls, una igualdad en la distribución de algunos bienes
primarios y equidad en la distribución de otros, aplicándose uno y otro a
esferas o conjuntos de bienes distintos.
La igualdad, entendida de modo simple, como “entre todos en
todo”, sería la igualdad formal reconocida en Derechos y constituciones, pero
difícil de defender de manera sensata (salvo utopías, o frente a situaciones de
radical desigualdad) que la igualdad sea en todo. La igualdad en el tratamiento
se basa en la regla simple de distribuirse fracciones iguales de recursos a
todas las personas, por lo que hay poco a explorar sobre sus mecanismos de
funcionamiento. El debate más interesante, como ha destacado Norberto Bobbio,
es cuando se especifica ¿entre quiénes? y ¿en qué? Justamente la cuestión
¿igualdad, en qué? ha dividido las respuestas: igualdad de todos en la libertad
(Liberalismo), igualdad entre todos en los bienes primarios básicos (Rawls), en
las capacidades (Amartya Sen), en los recursos (Dworkin), en la satisfacción de
necesidades (Singer). Aquello que se pretende distribuir es lo que deba ser
objeto de un tratamiento equitativo.
Por su parte, el discurso de la equidad ha emergido con
fuerza, a partir de la obra de Rawls, como una noción más compleja que trata de
superar que una igualdad estricta (a todos según su mérito, al margen de la
situación de partida) sea justificable. En efecto, evocar la “equidad” y no la
igualdad supone que determinadas desigualdades, además de inevitables, deben
ser tenidas en cuenta, pues –como dice Sen – “el hecho de considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un
trato desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable”,
por lo que es preciso ir más allá de la igualdad formal. La equidad es, pues,
sensible a las diferencias de los seres humanos; la igualdad se refiere a
iguales oportunidades a un nivel formal. Así, la igualdad formal de acceso a la
educación, equitativamente, debe ser compensada para garantizar una igualdad de
oportunidades, apoyando con mayores recursos a los grupos en desventaja. Se
trata de modo “desigual” para restablecer la equidad. Una justicia
social en educación debe tender a la equidad (repartir los medios para
favorecer a los desfavorecidos), no a la distribución igualitaria de recursos
entre todos los alumnos. En suma, la equidad en educación gira la cuestión de
la justicia educativa a cómo resuelve la situación de los peor situados, en una
redistribución proporcional a las necesidades. Por lo demás, en sentido
general, la justicia como equidad es un sistema social basado en criterios que
todos puedan aceptar desde una posición de igualdad.
Determinados servicios públicos, como el acceso a la
educación, han de ser asegurados indiscriminadamente. En otros, sin embargo, se
ha de actuar de modo focalizado según necesidades o grupos. No deja de estar
sujeto a discusión su implementación: por ejemplo, si los libros de texto u
ordenadores portátiles han de ser distribuidos a todos, sin discriminación.
También la respuesta, en ocasiones, depende de factores de desarrollo
económico, como los recursos disponibles para su distribución. Por eso, la
distribución entre necesidades y recursos es compleja y los principios de
igualdad y equidad no debieran mantenerse como absolutos, pudiendo alterarse
según los procesos en juego a lo largo del tiempo. Pero cuanto mayor es la
escasez y la desigualdad entre las personas, más importante es la aplicación de
criterios de justicia social de los recursos públicos. El derecho a la
educación está vinculado, como universalización, al paradigma de la igualdad;
por su parte, asegurar el éxito educativo para todos se asocia al paradigma de la equidad. La discusión,
en cualquier caso, está en cómo entender la “igualdad de oportunidades”, desde
la insuficiencia de la igualdad formal a las exigencias de la equidad.
Extraído de
Justicia social y equidad escolar. una revisión actualAntonio Bolívar
REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARA
VOLUMEN 1, NÚMERO 1
Justicia social y equidad escolar. Una revisión actual, 1(1), 2012, pp. 9-45
http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol1-num1/art1.pdf
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